El senador provincial Raymundo Kisser presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López; el ex subsecretario de Desarrollo Urbano, Germán Nivello; el funcionario del Ministerio de Planeamiento de Entre Ríos, Daniel Irigoyen; y el presidente de la junta de gobierno de El Pingo, Diego Plassy pidiendo que se investiguen presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento del consorcio de viviendas de Paraná Campaña constituido para la implementación del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, presidido por Plassy.
La denuncia pone el foco en unidades habitacionales edificadas. Falencias técnicas, vicios constructivos y la falta de rendición de varios millones son algunas de las irregularidades denunciadas.
Las irregularidades en el desempeño de consorcios de viviendas en distintos puntos de la provincia fue reflejada por el medio periodístico ANÁLISIS en una nota publicada en abril de este año. Allí se mostró la mala administración de recursos millonarios, la construcción de barrios en terrenos no aptos, casas con menos metros cuadrados de los que corresponden, problemas constructivos de todo tipo, sobreprecios, fondos que faltan y viviendas que deberían estar pero no se hicieron, entre otros problemas detectados en ciudades y pueblos. También se anticipó que las irregularidades llegarían a la Justicia.
Ahora Kisser, patrocinado por el abogado Rubén Pagliotto. realizó una presentación que llega hasta De Vido y López, ambos detenidos por distintos hechos de corrupción, al ex funcionario provincial y ex intendente de Gualeguaychú, Daniel Yrigoyen, y el presidente de la junta de gobierno de El Pingo, Diego Plassy.
El plan comenzó a instrumentarse en 2008, con el objeto de construir viviendas sociales, mediante la labor conjunta de Nación con la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE) de la provincia y distintos consorcios constituidos en los distintos departamentos.
Una vez determinadas las viviendas a construir y sus características y fijado el costo de cada unidad, el gobierno nacional financiaba el proyecto mediante cinco desembolsos de similar monto, previa presentación de las correspondientes rendiciones y certificados, se explica en la denuncia. La UEPE y el consorcio asumían la responsabilidad controlar el cumplimiento de los objetivos del plan y de las obras complementarias necesarias, mediante tareas de seguimiento e inspección. Pero las cosas no salieron cómo estaba previsto, al menos en Paraná Campaña.
“Jugaron de modo impúdico e incalificable con las ilusiones de mucha gente que veía por vez primera cumplido el sueño de su vida: contar con casa propia. Pero más aún, convirtieron lo que en teoría buscaba ser una solución habitacional en un problema existencial, una verdadera pesadilla”, expuso el denunciante, antes de señalar vicios constructivos, faltante de documentación, falencias técnicas y desvío de fondos, entre otras irregularidades.
“Parte del dinero asignado por la Nación para cada vivienda que se cobró, fue a parar ilegal e ilegítimamente, a las manos de terceros que por ahora desconocemos. Es muy claro de que hubo ahorro en costos por la compra a granel de materiales de calidad inferior al recomendable, en mano de obra, que lejos de ser calificada fue chapucera y en negro, se certificaron y cobraron fraudulentamente mayores metros cuadrados a los realmente construidos, se recibieron fondos nacionales para asegurar las obras de infraestructura que fueron solventadas con fondos provinciales, de municipios o privados de los propios adjudicatarios, sin dejar pasar por alto que en muchos casos se adjudicaron casas a personas que hoy habitan en otros lugares y que cuentan o contaban en aquella fecha con bienes inmuebles de su propiedad”, ejemplificó Kisser en la denuncia.
A la presentación judicial se anexaron conclusiones que son parte de un informe del Tribunal de Cuentas, producto de una evaluación del plan de viviendas administrado por el consorcio presidido por Plassy, consistente en 30 unidades en Sauce Montrull, 17 en Pueblo Brugo, 26 en Estación Sosa y 4 en Aldea Eigenfeld. “En el recuento llevado a cabo por profesionales, no se encontraron la totalidad de las viviendas que debían construirse y cuyos desembolsos financieros fueron temporáneamente hechos”, señaló Kisser.
Otro lote de irregularidades se detectó en relación a los fondos girados por Nación para la ejecución de obras complementarias tales como instalaciones de agua, electricidad y cloacas, desagües pluviales y cordones cuneta. “Puede comprobarse que se percibió dos veces dinero para el mismo fin”, advirtió Kisser. También marcó que, aunque no correspondía, el consorcio recibió recursos por parte de la provincia para estas mismas obras.
Otra falencia surge del análisis de las rendiciones. Para Sauce Montrull se recibieron 7,9 millones de pesos, pero hasta el momento se rindieron 3,1 millones, pese a numerosas acciones de reclamo. Para Pueblo Brugo llegaron 5,2 millones y se rindieron 4,4. Para El Pingo se enviaron 7,4 millones y se rindieron 7. Para Estación Sosa se recibieron 1,4 millones y se rindieron 1,3. Para Aldea Eingenfeld llegaron 1,3 millones y se rindió 1 millón. Las rendiciones son reclamadas desde 2014. Los montos no rendidos superan los 6 millones de pesos.
“No solamente fueron hallados variopintos y numerosísimos vicios constructivos, obras de infraestructuras faltantes o cobradas doblemente, sino que, además, y a pesar del más que suficiente plazo otorgado, algunas aún no se han finalizado y también resulta evidente la pésima mano de obra contratada para algunas de ellas, la notable inferior calidad de materiales e insumos de construcción y la absoluta falta de los necesarios y obligatorios controles técnicos y contables. Todo lo cual devino en un sinnúmero de irregularidades que pueden llegar a constituir delitos en contra de la administración pública, siendo damnificados directos, como se expresó antes, los Estados nacional y provincial y, por supuesto, acaso con mayor nitidez, muchos de los beneficiarios de esas viviendas, estafados aleve e impúdicamente en sus ilusiones del techo propio”, sostuvo Kisser.
El denunciante pidió que brinden testimonio Luis Uriona, delegado en la provincia de la Secretaría de Viviendas de la Nación; Oscar Fracovich; asesor parlamentario en materia de obras públicas e inspector de los trabajos en Paraná Campaña y también beneficiarios de las viviendas. Además, se solicita el libramiento de oficios a los gobiernos nacional y provincial, a la UEPE y al consorcio para que informen sobre los aportes realizados al consorcio y la citación del presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás, para que testifique respecto de las tareas de auditoría. Para completar la prueba, se pidieron pericias técnicas sobre las viviendas y contables sobre la documentación recolectada.
Fuente: Análisis Digital
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